Por: Adrián Pérez

Los resultados de la consulta popular del 16 de noviembre de 2025 marcaron un punto de inflexión político y jurídico para Ecuador. La ciudadanía rechazó las cuatro preguntas propuestas por el Ejecutivo, entre ellas la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la autorización de bases militares extranjeras, la eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos y la reducción del número de asambleístas. Con más del 98% de las actas escrutadas, el “No” se impuso de manera contundente en todas las preguntas, con porcentajes que oscilaron entre el 53% y el 73%, confirmando una tendencia marcada desde las primeras horas del escrutinio.

Más allá del impacto político inmediato, estos resultados ofrecen un escenario complejo que combina estabilidad en algunos frentes y desafíos significativos en otros. Para empresas, inversionistas, organizaciones sociales y actores estatales, el momento requiere una comprensión clara de las implicaciones legales y de las oportunidades y riesgos que se abren hacia adelante.

Una señal de estabilidad constitucional… por ahora

Uno de los principales efectos del “No” es la continuidad del marco constitucional vigente. La población decidió no abrir un proceso constituyente, lo que evita un periodo prolongado de incertidumbre normativa. Esto es positivo, si lo vemos desde la estabilidad a corto plazo. Para todos los sectores que dependen de reglas claras—desde inversiones extranjeras, financiamiento, actividad minera y ambiental, hasta contratación pública y transacciones corporativas. En un entorno económico desafiante, esta estabilidad ofrece un espacio para planificar, invertir y operar con mayor previsibilidad.

La decisión ciudadana de rechazar las reformas propuestas trae como efecto inmediato una mayor previsibilidad jurídica y un menor riesgo regulatorio, elementos que dan tranquilidad a inversionistas, empresas y actores institucionales que dependen de un marco estable para planificar y operar. Sin embargo, este mismo resultado implica que se pospone una discusión profunda sobre las reformas estructurales que diversos sectores consideran necesarias para modernizar el Estado, fortalecer su eficiencia y responder a desafíos económicos y sociales pendientes. En otras palabras, se gana estabilidad en el corto plazo, pero se difiere un debate clave sobre la evolución del país en el largo plazo.

Un mensaje político que limita al Ejecutivo… pero no termina el debate

El rechazo ciudadano representa también un límite claro a la capacidad del Gobierno para impulsar cambios institucionales amplios. La consulta deja en evidencia que no existe respaldo popular suficiente para reformas constitucionales profundas, lo cual obliga al Ejecutivo a reorientar su agenda y buscar consensos más amplios. La ciudadanía envió un mensaje contundente que exige cambios reales, no solo retóricos. El presidente Noboa aún tiene tres años por delante para corregir el rumbo y ajustar políticas, respaldado por una bancada parlamentaria fuerte que le otorga gobernabilidad en la Asamblea Nacional—donde su control mayoritario permite iniciativas sin necesidad de mayorías amplias. Sin embargo, es un error grave pensar que “no ha pasado nada” o que todo seguirá igual: este resultado demanda giros importantes, incluso radicales, en el estilo y la administración gubernamental.

El Gobierno debe considerar cambios profundos sin confrontar instituciones, impulsando reformas legislativas que aprovechen las herramientas existentes. Dos problemas urgentes destacan: el escaso crecimiento económico, que afecta directamente al empleo y la estabilidad social, y el crimen organizado junto con el narcotráfico, que amenazan la seguridad nacional. Ambos pueden enfrentarse con mecanismos ya disponibles en la legislación actual, como se ha visto en la reciente baja de la criminalidad sin necesidad de modificaciones legislativas mayores. El Ejecutivo tiene control en la Asamblea, con menos figuras disruptivas de las esperadas, y puede iniciar reformas en materias clave como mercantil,

comercial, civil, societario y el mercado de valores. Enfocarse en estas áreas con las herramientas actuales es esencial para generar confianza y resultados tangibles, en lugar de buscar atajos constitucionales.

Un escenario de posibles disputas y necesidad de mecanismos de resolución

La contundencia del “No” también puede incrementar el uso de herramientas de control constitucional. Cualquier intento de modificar institucionalidad sin respaldo directo podría derivar en:

• Demandas de inconstitucionalidad,
• Conflictos entre funciones del Estado,
• Litigios relacionados con procedimientos legislativos,

· Disputas contractuales si cambios regulatorios afectan a inversionistas o sectores estratégicos.

En este contexto, será fundamental el rol de los mecanismos de resolución de conflictos y arbitraje para evitar que desacuerdos políticos o regulatorios escalen innecesariamente. El escenario resultante refuerza el rol de la Corte Constitucional y de las instituciones encargadas de garantizar el estado de derecho, ya que se mantienen como árbitros centrales frente a cualquier intento de reinterpretar o modificar el marco vigente sin un mandato ciudadano claro.

Implicaciones para el ambiente económico y empresarial

Para los actores privados, el mensaje general es ambivalente: La decisión de mantener el marco constitucional vigente trae consigo una sensación de seguridad jurídica que resulta especialmente favorable para la inversión y para las operaciones empresariales de mediano plazo, pues permite planificar sin la presión de cambios abruptos. El sector privado puede seguir operando bajo reglas conocidas y estables, sin anticipar modificaciones constitucionales que afecten sus estructuras, contratos o modelos de negocio. Además, la ausencia de una Asamblea Constituyente reduce significativamente el riesgo de reformas profundas en materias sensibles como derechos de propiedad, regímenes extractivos, sistemas tributarios o procesos de permisos, lo que brinda un entorno más predecible para industrias estratégicas que dependen de marcos regulatorios claros y consistentes.

Pese a la estabilidad que genera el resultado a corto plazo, también persisten desafíos importantes: el país continúa sin avanzar en reformas institucionales de fondo que podrían mejorar la eficiencia del Estado o modernizar estructuras que hoy limitan su desempeño. Problemas estructurales —políticos, fiscales y de gobernanza— permanecen sin resolución, lo que mantiene ciertas vulnerabilidades en el mediano plazo. Además, ante la imposibilidad de impulsar cambios constitucionales, el Gobierno podría optar por regulaciones sectoriales o decisiones administrativas para avanzar en su agenda, lo cual podría introducir nuevos focos de incertidumbre en ámbitos específicos de la actividad económica y regulatoria. Aquí radica una oportunidad: el Ejecutivo puede liderar reformas legislativas en áreas económicas clave, aprovechando su mayoría en la Asamblea para agilizar procesos mercantiles y comerciales que impulsen el crecimiento.

Un Resultado que Deja Preguntas Abiertas para la Seguridad, la Representación y la Confianza País

El rechazo a la consulta mantiene intactos desafíos críticos que el país buscaba enfrentar. Por un lado, la propuesta ofrecía herramientas para fortalecer la respuesta estatal frente a carteles de droga y crimen organizado mediante mayor cooperación militar, una oportunidad que ahora queda suspendida. Además, aunque la reducción del número de asambleístas generaba un ahorro inmediato, también implicaba disminuir la representatividad proporcional que asegura la voz de distintos sectores del país. A esto se suma la complejidad propia de cualquier reforma constitucional: si bien no era una solución perfecta, muchos inversionistas y actores internacionales veían en el “Sí” una señal de modernización institucional y estabilidad futura. Su ausencia mantiene la incertidumbre sobre la capacidad del Ecuador para avanzar en reformas profundas que impulsen seguridad, confianza y desarrollo.

Mensaje a la ciudadanía: Desconfianza en el poder, pero apertura al diálogo

Los ecuatorianos han demostrado una desconfianza profunda hacia iniciativas constitucionales impulsadas desde el poder político, recordando lecciones del pasado. La experiencia de Montecristi, con una asamblea dominada por un solo movimiento, mostró los peligros de otorgar “cheques en blanco” que concentran poder y generan desequilibrios. Este temor general explica el rechazo: la ciudadanía no quiere repetir errores, sino construir colectivamente.

Propuesta de camino: Hacia un proceso constituyente desde la base ciudadana

El debate no está cerrado, pero debe reinventarse. Se propone iniciar un proceso constituyente basado en diálogo ciudadano genuino: identificar errores juntos, construir soluciones colectivas e involucrar activamente a la sociedad civil en el diseño institucional. Sin participación real de la ciudadanía, los intentos anteriores han fracasado estrepitosamente. Este enfoque podría transformar la pausa actual en un verdadero punto de partida para una modernización inclusiva.

Riesgos y oportunidades hacia el futuro

El escenario posterior a la consulta abre oportunidades relevantes, como un aumento temporal de la confianza para proyectos de inversión, financiamiento y operaciones de M&A, así como un espacio propicio para fortalecer el diálogo entre sector público y privado en torno a agendas comunes. Este momento también permite que empresas y organizaciones revisen su cumplimiento regulatorio y ajusten sus estrategias de largo plazo, en un contexto que Ecuador puede aprovechar para proyectar una imagen de estabilidad frente a mercados internacionales. No obstante, estos beneficios conviven con riesgos importantes: el debate constitucional no está cerrado y podría reactivarse; además, si el Ejecutivo intenta avanzar por vías alternativas, podrían surgir conflictos institucionales o regulatorios. A ello se suma un escenario político fragmentado que podría ralentizar decisiones clave y mantener tensiones que afecten la percepción de riesgo del país en el mediano plazo.

Conclusión: una pausa, no un punto final

La consulta popular de 2025 no resolvió las tensiones de fondo del país, pero sí marcó un límite claro y reafirmó la vigencia del marco constitucional actual. Para el sector privado, es un momento para aprovechar la estabilidad, sin perder de vista la posibilidad de cambios futuros. Por un lado, la decisión ciudadana de mantener el marco constitucional vigente aporta estabilidad y previsibilidad jurídica, elementos especialmente valiosos para la inversión, la planificación empresarial y la continuidad regulatoria; pero, por otro lado, el rechazo también evidencia limitaciones políticas que podrían derivar en tensiones entre funciones del Estado, intentos de reforma por vías alternativas y una posible judicialización creciente de decisiones públicas. Si bien la ausencia de una Asamblea Constituyente reduce el riesgo de cambios abruptos en derechos y estructuras institucionales, también retrasa la discusión sobre reformas profundas que algunos sectores consideran necesarias—y que ahora deben impulsarse vía legislativa con las herramientas existentes. En conjunto, el país gana un respiro en materia de seguridad jurídica, pero enfrenta el desafío de gestionar un escenario político más fragmentado y potencialmente conflictivo, con un llamado urgente a la escucha, el diálogo y la acción concreta. El mensaje de la ciudadanía es claro: queremos cambios, pero construyámoslo juntos.

Para cualquier duda o comentario respecto al contenido de este boletín, no dude en ponerse en contacto con nuestro abogado: aperez@coronelyperez.com

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