Por: Karla Condo Jaya

Respuesta corta: Sí, al menos por ahora.

En su sentencia 1644-19-EP/25, la Corte Constitucional del Ecuador (CCE) ha reafirmado que las causales de nulidad del laudo arbitral previstas en el artículo 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación (LAM) son taxativas. No obstante, el debate no está cerrado: el voto concurrente y el voto salvado consignados dentro del fallo revelan una tensión no resuelta entre el derecho nacional y el derecho comunitario andino, así como entre la rigidez normativa y la necesidad de garantizar el debido proceso.

El origen de la controversia

Una compañía de telecomunicaciones presentó una demanda arbitral contra Arcotel y la Procuraduría General del Estado. Tras perder el arbitraje, la compañía accionante interpuso una acción de nulidad ante la Corte Provincial de Pichincha, alegando dos cosas: (i) que el laudo carecía de motivación adecuada y (ii) que el tribunal arbitral había omitido solicitar una interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA).

La Corte Provincial solicitó a la compañía que identificara la causal de nulidad invocada conforme al artículo 31 de la LAM. La accionante, sin embargo, fundamentó su demanda en normas constitucionales y supranacionales, sin referirse a ninguna de las causales taxativas de la LAM. Aunque la acción fue admitida, fue posteriormente desechada en sentencia. En respuesta, la compañía presentó una acción extraordinaria de protección tanto contra la sentencia que desechó la acción de nulidad como contra el propio laudo arbitral.

Los problemas jurídicos analizados

La Corte Constitucional abordó dos cuestiones centrales:

1. ¿La Presidencia de la Corte Provincial vulneró el derecho a la seguridad jurídica al no aplicar el precedente de la sentencia 302-15-SEP-CC?

2. ¿La Presidencia de la Corte Provincial y el tribunal arbitral vulneraron el derecho al debido proceso al omitir solicitar una interpretación prejudicial al TJCA?

Sobre el primer problema

La Corte concluyó que no existió violación a la seguridad jurídica, ya que la sentencia 302-15-SEP-CC no constituye un precedente vinculante. Aunque en dicha sentencia el voto de mayoría sostuvo que la falta de motivación y de competencia podían ser causales de nulidad incluso si no estaban previstas en la LAM, la Corte actual determinó que no cumplía con los requisitos formales para ser considerada precedente en sentido estricto (es decir, no contó con cinco votos coincidentes en su razonamiento).

Sobre el segundo problema

La Corte también desestimó la alegación de violación al debido proceso. Si bien reconoció que la interpretación prejudicial es obligatoria cuando se trata de normas comunitarias necesarias para resolver el fondo del caso en única o última instancia, también aclaró que la simple invocación de una norma andina no activa automáticamente esa obligación. Además, sostuvo que determinar si una norma comunitaria era necesaria para resolver el caso implicaría pronunciarse sobre el fondo de la controversia, lo cual excede las competencias de la CCE en el marco de una acción extraordinaria de protección.

El voto concurrente y el voto salvado: ¿una puerta entreabierta?

Voto concurrente – Jueza Carmen Corral

La jueza Corral coincidió con la decisión de desestimar la acción, pero subrayó que queda pendiente que la Corte se pronuncie sobre si la omisión de la interpretación prejudicial puede constituir una causal de nulidad adicional a las previstas en el artículo 31 de la LAM. Señaló que el TJCA ha sostenido que dicha omisión puede acarrear la nulidad de un laudo, incluso si la normativa interna no lo contempla expresamente. Este es el caso, por ejemplo, de Colombia, donde —al igual que en Ecuador— la nulidad de un laudo arbitral solo puede declararse por errores in procedendo, sin que sea posible analizar aspectos sustantivos del caso.

No obstante, reconoció que la Corte Constitucional no puede pronunciarse sobre la necesidad de aplicar una norma comunitaria sin incurrir en un análisis de mérito, lo cual está vedado en este tipo de acciones.

Voto salvado – Jueza Daniela Salazar

La jueza Salazar discrepó con la sentencia y consideró que la Corte debió dividir el segundo problema jurídico en dos: uno sobre la actuación del tribunal arbitral al no solicitar la interpretación prejudicial, y otro sobre la decisión de la Corte Provincial al considerar que esa omisión no constituía causal de nulidad.

A su juicio, la Corte perdió la oportunidad de pronunciarse sobre si la taxatividad de las causales de nulidad admite excepciones, especialmente cuando están en juego obligaciones derivadas del derecho comunitario. También cuestionó que no se haya definido si la omisión de la interpretación prejudicial puede ser revisada por vía constitucional, dejando sin respuesta cuál es el camino procesal adecuado para estos casos.

La sentencia 1644-19-EP/25 reafirma que, por ahora, las causales de nulidad del laudo arbitral en Ecuador son estrictamente taxativas, conforme al artículo 31 de la LAM. Sin embargo, el debate no está cerrado. El voto concurrente y el voto salvado evidencian una tensión latente entre el derecho nacional y el derecho comunitario andino, así como entre la rigidez normativa y la necesidad de garantizar el debido proceso. La pregunta que queda en el aire es si, en un futuro, la Corte Constitucional estará dispuesta a revisar su doctrina para armonizar el arbitraje nacional con las exigencias del derecho comunitario.

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