Por: Raffaella Fiore C

Los Grupos Electrógenos de Emergencia ( “GEE”) son equipos que generan electricidad mediante un motor de combustión interna. Los GGE operan como una solución temporal ante la falta de energía disponible en la red nacional, contribuyendo a mantener la continuidad del servicio eléctrico en situaciones críticas.

La Regulación Nro. ARCONEL-003/24 ( “Regulación”) publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 650, de fecha 24 de septiembre de 2024, establece los lineamientos técnicos y comerciales para la operación de los GEE durante períodos de déficit de generación o racionamiento eléctrico. Conforme a esta normativa, los propietarios de grupos electrógenos que deseen participar en el esquema de generación de emergencia deben cumplir con ciertos requisitos técnicos. Algunos de estos requisitos son poseer un grupo electrógeno con una potencia mínima de 100 kW, contar con un sistema de medición aprobado que registre la generación de energía y disponer de mecanismos de desconexión para operar de manera autónoma sin sincronía con la red eléctrica. Además, es necesario gestionar la adquisición de combustible sin subsidio y completar un proceso de calificación ante la empresa distribuidora de energía de la zona respectiva.

Obtener el certificado de calificación como Generador de Emergencia ofrece beneficios significativos tanto económicos como operativos. Los Generadores de Emergencia reciben una compensación económica por la energía producida y entregada durante los períodos de escasez energética. Esta compensación se calcula con base en un esquema establecido por la Regulación que considera factores como el costo del combustible y el rendimiento del grupo electrógeno.

La importancia de la Regulación radica en su capacidad para integrar a los grupos electrógenos privados en el sistema eléctrico nacional durante situaciones de emergencia, contribuyendo a la estabilidad y seguridad del suministro energético. Al incentivar la participación de los GEE, se reduce la necesidad de implementar cortes programados, minimizando así el impacto negativo en la industria, el comercio y la vida cotidiana. En definitiva, esta normativa no solo promueve un uso más eficiente de los recursos energéticos disponibles, sino que también fortalece el sistema eléctrico frente a situaciones de déficit y racionamiento.