Por: Jesús Longo Romero

La Corte Nacional de Justicia, mediante Resolución No. 15-2025 emitida el 20 de agosto de 2025, declaró como precedente jurisprudencial obligatorio el criterio desarrollado por la Sala Especializada de lo Laboral respecto a la valoración de la declaración de parte en procesos laborales. La resolución fue aprobada en Pleno y publicada en el Registro Oficial, dotando al pronunciamiento de efectos generales y vinculantes.

La decisión se sustenta en el sistema de precedentes jurisprudenciales previsto en los artículos 184 y 185 de la Constitución y en los artículos 180 y 182 del Código Orgánico de la Función Judicial. Dicho sistema dispone que cuando las salas de la Corte reiteran por tres ocasiones un mismo criterio jurídico, este debe ser remitido al Pleno para su deliberación y eventual declaración como jurisprudencia obligatoria.

En este caso, la Sala de lo Laboral emitió tres sentencias entre junio y septiembre de 2024 en las que sostuvo un mismo razonamiento respecto al valor probatorio de la declaración de parte del actor en los juicios laborales.

El Pleno de la Corte declaró precedente obligatorio el siguiente punto de derecho:

“En materia laboral, la declaración de parte del actor no constituye, por sí sola, un medio de prueba idóneo y suficiente para acreditar los hechos afirmados en la demanda. Para que dicha declaración adquiera suficiencia probatoria, debe encontrarse corroborada por datos externos de carácter objetivo que permitan someterla a un examen de credibilidad, verosimilitud y fiabilidad.”

Este precedente modifica de manera sustancial la práctica probatoria en el ámbito laboral, pues refuerza la necesidad de que las demandas estén acompañadas de elementos objetivos adicionales a la sola declaración del trabajador, otorga a los jueces un parámetro uniforme de valoración probatoria que evita

considerar las declaraciones unilaterales como prueba plena, aumenta la carga procesal de los demandantes al exigir respaldo con documentos, testimonios u otros medios de prueba, y genera mayor seguridad jurídica al establecer un estándar obligatorio de valoración.

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