Por: Karla Condo Jaya

El 4 de agosto de 2025, las Salas de Admisión de la Corte Constitucional decidieron admitir varias acciones de inconstitucionalidad presentadas contra normas de las recientemente promulgadas Ley Orgánica de Integridad Pública, Ley Orgánica de Inteligencia y Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. Estas decisiones fueron adoptadas en el marco de los casos 60-25-IN, 52-25-IN, 57-25-IN y 86-25-IN.

Suspensión de la Disposición Transitoria Décimo Primera de la Ley Orgánica de Integridad Pública

Mediante auto del Caso Nro. 60-25-IN, se admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Integridad Pública.

Como medida cautelar, se ordenó la suspensión provisional de la disposición transitoria décimo primera de dicha ley, publicada en el Registro Oficial el 26 de junio de 2025. Esta disposición establecía que, en un plazo de 90 días contados desde la posesión de los miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, dicha Junta debía emitir regulaciones para identificar a las cooperativas de ahorro y crédito que debían transformarse en sociedades anónimas del sector financiero privado, bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos.

Además, en el Caso Nro. 52-25-IN, se admitió a trámite otra acción pública de inconstitucionalidad presentada contra la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP). En esta acción, aunque se solicitó la adopción de medidas cautelares, estas fueron denegadas.

Suspensión de varias disposiciones de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional

Mediante auto del Caso Nro. 57-25-IN, el Segundo Tribunal de la Sala de Admisión resolvió admitir una acción de inconstitucionalidad por fondo y forma en contra de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y, además, ordenó la suspensión provisional de varios artículos de la Ley.

Los artículos suspendidos incluyen el artículo 6, que define el conflicto armado interno; el artículo 9, que establece la definición de grupos armados organizados; el artículo 13, que presume ciertos bienes como objetivos militares; y el artículo 14, que introduce el indulto presidencial con efecto diferido en el marco del conflicto armado interno.

Suspensión de varias disposiciones de la Ley Orgánica de Inteligencia y su reglamento.

Mediante auto del Caso Nro. 86-25-IN, se admitió a trámite la acción pública de inconstitucionalidad presentada contra la Ley Orgánica de Inteligencia y su reglamento. La demanda, interpuesta por varias organizaciones y personas, impugna varios artículos de la ley y su reglamento por razones de fondo.

Como medida cautelar, se ordenó la suspensión provisional de los artículos 5, 13, 22, 41, 42, 43, 47, 48, 50, 51, 52 y 55 de la Ley Orgánica de Inteligencia, así como de los artículos 9, 16, 17, 25, 33, 34, 35, 36 y la disposición general primera del Reglamento a la Ley Orgánica de Inteligencia.

La Ley Orgánica de Inteligencia regula las actividades de inteligencia y contrainteligencia en el país, estableciendo definiciones, procedimientos y competencias para la recolección y manejo de información. Las disposiciones impugnadas incluyen artículos que definen conceptos clave como “amenazas” y “ciberinteligencia”, establecen procedimientos para la recolección de información y la clasificación de datos, y regulan el uso de fondos especiales para operaciones de inteligencia.

Es importante destacar que estas decisiones de admisión y suspensión provisional no son definitivas y no implican que la Corte Constitucional haya decidido sobre la inconstitucionalidad de las leyes impugnadas. La admisión de las demandas y la adopción de medidas cautelares son pasos preliminares en el proceso de revisión constitucional.

Para conocer cómo estas decisiones podrían afectar su giro de negocios, no dude en ponerse en contacto con nuestra experta: kcondo@coronelyperez.com