Por: Limongi Maria Emilia

La sumisión de la prestación del servicio de energía eléctrica al sector público ha producido una directa limitación de la inversión privada, nacional y extranjera, en la materia. Un efecto de ello ha sido el freno en el desarrollo de tecnologías para diversificar la matriz energética.

La concepción internacional de migrar a fuentes renovables en Ecuador fue vista como un eje principal en el desarrollo del sector, aprovechando los factores naturales disponibles, apartándonos de la generación térmica, dependiendo, así, principalmente de la generación hídrica y quedando segregadas las fuentes renovables no convencionales. Este plan, ha sido cuestionado desde el punto de vista práctico en los últimos meses como consecuencia de una crisis provocada en gran medida por factores que no están ni pueden estar bajo el control de los seres humanos, ya que responden a situaciones climáticas de la región, que han ocasionado la carencia de agua y con ella la de energía.

Uno de los objetivos más evidentes de la expedición de la Ley Orgánica de Competitividad Energética fue el impulso de la inversión privada en el sector eléctrico, seguido de la diversificación de la matriz energética a fuentes no convencionales y, de preferencia, renovables. Sin embargo, resulta importante preguntarse si las medidas implementadas en esa ley fueron suficientes para atraer la inversión privada en proyectos de energía y con ello atender las necesidades de la demanda, dado que, meses después, es necesario expedir una nueva ley en la que se promueva todavía más la participación privada y la diversificación de la matriz en proyectos de generación.

La Ley Orgánica para Impulsar la Iniciativa Privada en la Generación de Energías, calificada como Urgente en Materia Económica, contempla disposiciones que revolucionan el desarrollo energético, especialmente desde tres ámbitos:

El primero de ellos, es acrecentar la importancia de la inversión privada en proyectos de generación, aumentando en los casos que no estén previstos en el Plan Maestro de Electricidad la potencia máxima de 10 MW a 100 MW. Además, se deja abierta la puerta a proyectos de generación privada superior a 100 MW de energías renovables no convencionales y energías de transición, a través de la ejecución de Proyectos Públicos de Selección.

El segundo, relacionado con la transición a fuentes renovables, establece por un lado una prioridad y un precio preferente a proyectos que promuevan el uso de tecnologías limpias y energía renovable no convencional de hasta 100 MW cuando posean capacidad de almacenamiento y redes de interconexión; y por otro lado, despacho y precio preferente a proyectos de generación de energía renovable no convencional de hasta 10 MW. Estas disposiciones buscan promover mecanismos de generación renovable distintos al hídrico, diversificando la matriz y haciéndonos menos dependientes a un solo recurso natural.

El tercero es la inclusión del concepto de energías de transición, permitiendo la ejecución de proyectos de generación de hasta 100 MW por iniciativa privada, aunque no estén incorporados en el Plan Maestro de Electricidad, con el uso de tecnologías que causen menor impacto ambiental como el uso de gas natural. Este concepto también se incorpora en proyectos de generación térmica con la intención de que se formulen planes de transición, de modo que se desarrollen proyectos híbridos que combinan fuentes no renovables con fuentes renovables.

Estas medidas tienen una hoja de ruta trazada con objetivos a largo plazo, en la que se ha aprovechado la experiencia actual, para, más allá de cubrir la demanda, tener planes de contingencia cuando los factores climáticos causen un desbalance en la provisión del servicio.