¿Quién nomás debe ser consultado en una consulta ambiental? Los riesgos que enfrenta la Corte Constitucional ante una nueva acción de inconstitucionalida.

¿Quién nomás debe ser consultado en una consulta ambiental? Los riesgos que enfrenta la Corte Constitucional ante una nueva acción de inconstitucionalida.

Por: Lorena Barrazueta

El 1 de mayo de 2024, la Corte Constitucional de Ecuador admitió parcialmente a trámite una nueva acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo No. 754 y sus reformas al Reglamento del Código Orgánico del Ambiente (RCOAM) sobre la consulta ambiental.

Uno de los cuestionamientos principales se centra en el artículo 466 del RCOAM. Este limita la consulta ambiental a las comunidades ubicadas dentro del Área de Influencia Social Directa, exigiendo que otros (fuera del Área) justifiquen técnicamente su posible afectación para participar en la consulta.

Según el accionante, Gustavo Redín Guerrero, en calidad de presidente de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA), esa regulación contradice el artículo 398 de la Constitución, que garantiza el derecho a la consulta ambiental sin requerir una justificación técnica de la afectación.

El accionante se basa en otras decisiones de la Corte Constitucional en las que se ha establecido que la consulta ambiental debe ser amplia y representativa, incluyendo a cualquier persona que considere fundadamente que una medida le afecta. Por ello, el accionante propone que cualquier individuo que se considere afectado por el impacto ambiental de un proyecto debe ser consultado, sin necesidad de justificar su afectación de manera jurídica o técnica.

Este estándar es preocupante porque, sin una justificación técnica, podría llegarse al extremo de que cualquier persona, sin importar su lejanía del lugar donde se ejecute el proyecto, argumente su inclusión en la consulta ambiental basándose en la afectación que de alguna manera sufriría por la contribución del proyecto al cambio climático, dado su impacto ambiental. Esto no sería deseable por al menos dos razones:

1. Menor efectividad de la participación de los más afectados por el impacto ambiental en la toma de decisiones: Permitir que personas no directamente afectadas participen en la consulta podría diluir las opiniones de quienes están más directamente impactados. Los menos perjudicados en intensidad podrían ser más numerosos, pudiendo decidir incluso en contra de los intereses de la minoría más afectada por su cercanía con el lugar de ejecución del proyecto.

En consecuencia, el absoluto desprendimiento de criterios técnicos al determinar los sujetos consultados en la consulta ambiental no parecería compatible con la seguridad jurídica ni con la efectividad del derecho de participación de los más afectados por el impacto ambiental en la toma de decisiones que los afectan. Al resolver sobre la constitucionalidad del artículo 466 del RCOAM, se espera que la Corte Constitucional encuentre un equilibrio entre el derecho a la consulta ambiental y la seguridad jurídica.

Nota: Para ampliar la información sobre esta acción de inconstitucionalidad pueden acceder al siguiente link.

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