El arbitraje es de única instancia

 
Por: Verónica Rodríguez Barco

El arbitraje es un proceso de única instancia. La ley impide apelar del laudo con el que se pone fin a un arbitraje. En el arbitraje no existe un órgano jerárquicamente superior al tribunal arbitral para realizar un double check de lo que se resuelva. Esto es consecuente con el fundamento del arbitraje como un sistema rápido, sencillo y eficaz para la solución de disputas, en contrapartida a la justicia ordinaria.

“Es importante que no se confunda ni a la acción de nulidad ni a la acción extraordinaria de protección como una segunda instancia. La acción de nulidad se presenta ante la justicia ordinaria y es un medio de impugnación extraordinario y limitado a las causales establecidas en la ley…”.

Es importante que no se confunda ni a la acción de nulidad ni a la acción extraordinaria de protección como una segunda instancia. La acción de nulidad se presenta ante la justicia ordinaria y es un medio de impugnación extraordinario y limitado a las causales establecidas en la ley, que solo se refieren a errores in procedendo y vicios de extra petita del laudo. En ningún caso la acción de nulidad del laudo habilita a los jueces a pronunciarse sobre el mérito del arbitraje ni a valorar la prueba arbitral. Lo propio sucede en los casos de acción extraordinaria de protección contra laudos arbitrales. La Corte Constitucional del Ecuador ha sido clara en determinar que no actúa como un tribunal de alzada en tales casos; y, por ende, está impedida de pronunciarse sobre el fondo del arbitraje, que es una competencia exclusiva de los árbitros.

La jurisprudencia ecuatoriana ha sido consistente en señalar que el carácter de única instancia en el arbitraje no constituye una violación del derecho a recurrir, sino una expresión de la libertad configurativa del legislador en materia procesal. En el caso del procedimiento arbitral es aún más clara su compatibilidad con las garantías constitucionales, pues se trata de un mecanismo al que las partes acceden por voluntad propia, con todas las reglas y características especiales que lo componen, incluyendo su carácter inapelable y su sometimiento a un control estatal restringido y mínimo.

 



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