Autor: Félix Reyes

La actual Ley de Minería lleva más de diecisiete años de vigencia y constituye una de las normativas minera con mayor tiempo de vigencia en la historia ecuatoriana. Esta circunstancia invita a preguntarse si ciertas instituciones recogidas en ella conservan utilidad frente a los desafíos actuales de este sector.

¿Qué queda por contratar?

De acuerdo con la estructura normativa actual, el Estado ecuatoriano otorga una concesión minera que reconoce, entre otros derechos, el derecho a la explotación. Sin embargo, también exige al concesionario de gran minería celebrar un contrato con el Estado para ejercer dicha explotación. Esta combinación permite plantearnos una pregunta: si la concesión ya reconoce el derecho a explotar, ¿qué función adicional cumple el contrato de explotación minera?

Es relevante recordar que esta combinación no ha sido constante en la historia minera ecuatoriana. La Ley General de Minería de 1937, recogida en la codificación de 1961, contemplaba, entre sus mecanismos, concesiones otorgadas por contrato. Los regímenes de 1974 y 1985 también recurrieron a la contratación estatal para habilitar la explotación privada. Posteriormente, la Ley de 1991 trasladó esa función a las concesiones administrativas y la reforma de 2000 consolidó una concesión única que comprendía las distintas fases de la actividad, incluida la explotación, sin exigir un contrato estatal adicional. Sin embargo, la Ley de 2009 combinó ambas tradiciones: por un lado, mantuvo una concesión como título minero que reconoce derechos mineros y exigió, para la gran minería, un contrato para ejercer la explotación.

En ese sentido, el modelo actual articula así dos instrumentos jurídicos: la concesión, que es un acto administrativo que otorga el título minero, y el contrato de explotación, que individualiza las condiciones para desarrollar el proyecto. La Ley encomienda a este último determinar términos, condiciones y plazos de construcción, extracción, transporte y comercialización, además de obligaciones ambientales, garantías, regalías y cierre de mina. Su justificación parece, entonces, encontrarse en las particularidades de inversiones cuya escala y duración requieren compromisos específicos.

Respecto a este contrato, el Reglamento General a la Ley de Minería conserva espacios de negociación sobre materias relevantes. Por ejemplo, su artículo 82.3 permite ajustar, durante las negociaciones precontractuales, los umbrales de precios y la desviación típica utilizados para determinar regalías, atendiendo a las condiciones específicas del proyecto.Sin embargo, el Instructivo de los Contratos de Explotación Minera en el Ecuador, expedido mediante Acuerdo Ministerial MAE-MAE-2026-0056-AM y publicado el 20 de mayo de 2026, establece contenidos y parámetros contractuales obligatorios y diversos parámetros adicionales que reducen la posibilidad de negociar aspectos centrales del contrato.

En ese sentido, es válido preguntarse qué espacio conserva el contrato para concretar compromisos estatales y qué protección añade a los derechos reconocidos por la concesión.

Los contratos en proyectos de larga duración

Conviene poner en contexto que, en un proyecto minero de gran escala cuya duración puede extenderse durante varias décadas, un contrato puede cumplir funciones que exceden la autorización para explotar. Esto por cuanto un contrato bien diseñado puede distribuir riesgos, precisar obligaciones estatales y establecer procedimientos para afrontar cambios que alteren la ejecución. Esa utilidad puede permanecer incluso cuando buena parte de su contenido está predeterminada por la regulación.

Dicho lo anterior, la experiencia internacional ofrece argumentos para abonar a esta discusión. En Oil, Gas, and Mining: A Sourcebook for Understanding the Extractive Industries, publicado por el Banco Mundial en 2017, Peter D. Cameron y Michael C. Stanley recuerdan la utilidad de los contratos en grandes proyectos que requieren una infraestructura jurídica apropiada destinada tanto a la operación minera como a las comunidades o a otros sectores actores relacionados. En ese sentido, los contratos en grandes proyectos mineros pueden atender a circunstancias específicas de una inversión.

A su vez, en Regulation by Contract, publicado también por el Banco Mundial en 2003, Tonci Bakovic, Bernard Tenenbaum y Fiona Woolf examinan la privatización de la distribución eléctrica en países en vías de desarrollo. Ellos explican que los contratos permiten anticipar cómo se aplicarán ciertas reglas y limitar la discrecionalidad que podría comprometer los ingresos esperados de una inversión a largo plazo. Su planteamiento resulta útil para minería por analogía, en donde incluso un margen reducido de negociación puede coexistir con compromisos precisos sobre la aplicación de las reglas al proyecto.

Finalmente, los Guiding Principles for Durable Extractive Contracts, publicados por la OCDE en 2020, incorporan una perspectiva adicional. La publicación plantea que el contrato contribuye a organizar una relación continua entre Estado, inversionista y comunidades, cuya sostenibilidad depende de expectativas realistas y de una distribución adecuada de riesgos y beneficios. Su utilidad comprende, entonces, en los procedimientos de adaptación del proyecto que permiten atender cambios antes de que se conviertan en controversias.

Del compromiso estatal a su exigibilidad

Estas publicaciones también permiten identificar una función del contrato cuando surge una controversia. En Regulation by Contract, sus autores destacan la importancia de prever procedimientos para resolver diferencias, remedios frente al incumplimiento y mecanismos para asegurar la ejecución de las decisiones. Por su parte, Cameron y Stanley, en Oil, Gas, and Mining: A Sourcebook for Understanding the Extractive Industries, destacan que una cláusula de solución de controversias bien redactada puede ofrecer, frente al incumplimiento estatal, una vía eficiente para reclamar compensación mediante un laudo exigible frente al Estado.

Esta consideración permite concretar el valor adicional del contrato de explotación en Ecuador. Cuando incorpora obligaciones estatales específicas, ofrece un fundamento para reclamar su incumplimiento conforme al régimen jurídico y al mecanismo de solución aplicables.

En ese sentido, aunque la normativa predetermine ampliamente las condiciones del contrato de explotación, en proyectos de larga duración resulta preferible contar con compromisos estatales concretos, reglas de adaptación y remedios exigibles que depender únicamente de la protección general del ordenamiento jurídico local. Por lo tanto, el valor del contrato de explotación minera reside, entonces, en convertir compromisos estatales específicos en obligaciones contractuales cuyo cumplimiento pueda exigirse eficazmente durante la vida del proyecto.

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